Estallido social en el Chile Neoliberal III: (Notas a tres semanas del estallido, en los días que se indican).

* Por Mario Garcés.

Chile en la encrucijada (Jueves 7 de noviembre).

Se cumplen 20 días desde el estallido social del 19 de octubre pasado, generándose, en la actualidad, un verdadero impasse entre la ciudadanía movilizada y el gobierno de Sebastián Piñera.
Sostuve, en un primer artículo el 22 de octubre2, que la situación generada por el estallido social chileno desafiaba nuestras categorías de análisis tradicionales, lo que nos inhibe, hasta ahora, sugerir pronósticos de cómo se supera la actual crisis por la que atraviesa la sociedad chilena.

Algunos de los problemas prácticos y conceptuales que nos interpelaban e interpelan son los siguientes:
1.- La sociedad ha sido profundamente transformada en los últimos 50 años, tanto en su economía y su estructura de clases, así como en el Estado y los actores sociales y político, con una visible distancia entre la política tradicional, la institucionalidad y la sociedad. La noción de “clase política” como una suerte de casta o estamento es muy expresivo de estas distancias.
2.- Desde el punto de vista de la clase popular y de los movimientos sociales se han debilitado los movimientos históricos (obrero, campesino y de pobladores) y han emergido nuevos movimientos sociales, que han jugado papeles relevantes en la actual coyuntura: NO más AFP, profesores, feministas, mapuche, movimientos por el agua y los territorios, ambientalistas así como un vigoroso y trasversal “movimiento juvenil”.
3.- Hasta ahora, los actores más movilizados han sido los jóvenes, en registros muy diversos: los secundarios que iniciaron la movilización en las estaciones del Metro, “colectivos”, en especial anarquistas, “capuchas” organizados y espontáneos, estudiantes universitarios, artistas, jóvenes pobladores, profesionales y militantes de diversos partidos de la Izquierda
4.- La movilización fue comprometiendo crecientemente a los sectores medios y populares en Cabildos muy diversos (desde actores culturales, vecinales hasta el Club Deportivo Colo-Colo) y Asambleas Territoriales en un gran número de poblaciones en

Santiago y provincias. Se inició de este modo un lento proceso de reagrupamiento y re politización (o nueva politización) desde las bases de la sociedad.
5.- Los repertorios de acción han sido especialmente “caceroleos”, marchas, cabildos, asambleas territoriales, actos culturales, concentraciones; así como también, en un registro ambiguo respecto de los actores implicados (tanto agentes del estado como manifestantes), saqueos e incendios de supermercados, cadenas de farmacias y algunas tiendas y multitiendas; ataques a los frontis de bancos, telefónicas, oficinas de AFP, hoteles de lujo, etc.
La ambigüedad con relación al recurso de la violencia, nos enfrenta a serios problemas para el análisis. La cuestión de la “violencia”, ha sido uno de los principales argumentos en contra de las manifestaciones ciudadanas tanto de los medios de comunicación, así como del gobierno y los desorientados sino manipuladores políticos chilenos.
Lo que habitualmente se escabulle es un dato histórico y estructural: el primer y más radical actor de la violencia en Chile es el Estado a través de sus agentes, especialmente Carabineros (bajo estados de excepción, los militares), que dotados de capacidades y medios desproporcionados y letales ejerce daño directo sobre los cuerpos de los ciudadanos. La violencia que ejerce el Estado es siempre asimétrica en contra de ciudadanos pacíficos sin medios para defenderse y cuando lo hacen, los “enfrentamientos” son piedras –barricadas y a veces, algunas molotov- en contra de carros blindados y carabineros provisto de bombas lacrimógenas y escopetas con perdigones y balines, además de sus armas de servicio. El resultado es el pueblo masacrado -24 muertos en tres semanas-, centenares los heridos y miles los detenidos. El gobierno y las autoridades policiales juegan entonces al “empate” y muestras datos de un alto número de carabineros “lesionados”. Por otra parte, la distinción entre protestas pacíficas y violentas es también engañosa, ya que, en muchos casos, los propios agentes del estado se encargan de transformar las protestas pacíficas en actos de violencia.

Una segunda perspectiva de análisis de la violencia, un tanto más compleja, se relaciona con el ataque a supermercados, farmacias y otros locales comerciales, que ha comprometido a diversos actores en las distintas fases de la movilización: la espontánea de los primeros días; la de pequeños grupos de jóvenes militantes, la de los narcos y sus soldados que vieron una oportunidad para actuar; pero, la más compleja es la de dudosa procedencia que muestran algunos videos con la policía que “dejó hacer”, o participó de los ataques e incendios. Esta última pareciera ser parte de la estrategia de “guerra” del gobierno, que busca crear un clima de terror para asegurar la gobernabilidad de un gobierno sin recursos políticos para hacer frente a la rebelión ciudadana. Se trata de este modo de otorgar “legitimidad” a la represión, que constituye uno de los pilares en que se sostiene al actual orden estatal heredado de la dictadura.

6.- Estos nuevos actores y dinámicas ciudadanas han puesto en jaque al gobierno de Sebastián Piñera, al persistir en la movilización, que por más de tres semanas desarticuló el sistema de trasporte, el comercio, los servicios públicos, el “orden” de las ciudades y la vida cotidiana de un alto número de chilenos. Carecemos de registro histórico de una movilización popular3 sostenida por tanto días, de manera ininterrumpida y con los efectos indicados.
7.- La principal respuesta del Estado, como hemos adelantado a propósito de la violencia, ha sido la represión, que adquiere nuevas formas, especialmente desde carabineros que detiene, golpea, gasea, lanza agua contaminada y dispara balines y perdigones al cuerpo de los manifestantes. No solo los detenidos y heridos suman por miles, sino que los mutilados superan los 200 con pérdida o daño grave a sus ojos y la visión.
8.- ¿Se prefigura una “dualidad de poderes”? Tal vez, en algunos sentidos, pero no lo suficiente como para producir una definición del conflicto en el corto plazo, en la medida que el pueblo vive su propio proceso de rearticulación, que toma más tiempo que el que facilita la coyuntura. No hay homogeneidad ni correspondencia mecánica entre el “tiempo político” y el “tiempo social”. Se trata de temporalidades diferentes.

La situación hace más compleja. ¿Empate catastrófico de fuerzas? (Miércoles 13 de noviembre)
1.-La presión social no cesa: el fin de semana del 9 y 10 se multiplican los cabildos y Asambleas sectoriales y territoriales.
2.- El cuadro político de los partidos en el poder se reordena. La mayoría se inclina por el cambio de la Constitución, aunque difieren en la forma en que ésta deba realizarse. Desde el Gobierno, se propone “Congreso Constituyente”; desde la Nueva Mayoría y Frente Amplio, plebiscito y Asamblea Constituyente.
3.- La situación se modifica, desde el punto de vista social y político con la convocatoria al Paro Nacional el martes 12 de noviembre, en que se incrementa la represión y la violencia social de los grupos movilizados. Pero, además, el paro conlleva el ingreso –algo tardío- de sectores de obreros organizados y trabajadores de diversos rubros, tanto públicos como privados
4.- La represión corre por cuenta de Carabineros y la PDI con uso desproporcionado de la fuerza y la violación sistemática de los DDHH con grave efecto sobre los manifestantes, que toma expresión en el estallido de los globos oculares y perdida de la visión (mutilar y

3 El “paro de los camioneros” de octubre de 1972, en contra del gobierno de la Unidad Popular duró prácticamente un mes, pero sus actores, intereses y orientaciones no expresaban al campo popular. Por esta razón también fue denominado, “paro patronal”.

dejar marcas imborrables), lo que provoca amplio rechazo en la sociedad civil. En realidad, vivimos nuevas formas de “terrorismo de estado”.
5.- La violencia de los manifestantes, habitualmente como respuesta a la represión, pero también con cierta autonomía, se dirige hacia los símbolos del poder, tanto del Estado como del capital. El día martes 12, se atacó un cuartel militar en San Antonio (Tejas Verdes, donde Manuel Contreras inició la construcción de la DINA) y la gobernación de Concepción; en Santiago se quemó un hotel y parcialmente una Iglesia; en Viña del Mar, se atacó el Hotel O´Higgins, símbolo de la farándula nacional de todos los tiempos.
6.- El gobierno intenta volver a decretar “estado de emergencia”, pero todo indica que no encuentra el apoyo de las Fuerzas Armadas. El bloque en el poder está fisurado, de tal modo que su única salida por ahora es “política”, es decir, medidas sociales relevantes y convocatoria a la Asamblea Constituyente, probablemente mediante plebiscito que zanje la “forma” y los plazos en que ésta deba realizarse (el parlamento actual o futuro, fórmula mixta, o definitivamente Asamblea Constituyente ciudadana).
También se podría plantear la eventualidad de una dimisión de Piñera y gobierno de transición, con programa social de emergencia y Asamblea Constituyente. Y en el peor de los casos, golpe de estado (o auto golpe) con un sector del Ejército y la Marina.4

La clase política prepara una “salida política” (Jueves 14 de noviembre)

Luego del paro del día 12 de noviembre, de la imposibilidad del gobierno de volver a decretar el “estado de emergencia” como producto de la negativa de las Fuerzas Armadas (especialmente el Ejército), Piñera interviene en la televisión para reintegrar a Carabineros y miembros de la PDI (su “guerra” continúa y necesita de refuerzos); llamar a un acuerdo por la paz e insistir en algunas medidas sociales. En el intertanto, los alcaldes alteran el guion proponiendo una consulta (un cuasi plebiscito) para el 7 de diciembre, lo que es mucho más que la difusa propuesta del Ministro del Interior de llamar a un “Congreso Constituyente”. La idea de una Constituyente comienza a ganar cada día más adeptos, incluida la clase política. Y, en las calles la movilización no cesa, tampoco los “saqueos”. Comienzan a sonar las alarmas, tanto que Piñera se reúne con los ex presidentes.
En rigor, lo que se percibe la noche del martes 12, es que el “tiempo político” del gobierno se agota. ¿puede soportar el gobierno más días sin reestablecer el “orden público”?
¿Piñera debe renunciar? ¿La Asamblea constituyente se ha impuesto? ¿Es necesario un

4 Esta perspectiva, sin bien parece poco probable en el tiempo cercano, el marco regional latinoamericano no es auspicioso, si se tiene en cuenta el reciente golpe de estado en Bolivia y las nuevas tendencias fascistoides de la derecha en el Continente. Agradezco los comentarios de Marcelo Mateo, comunicador social argentino, que me han invitado a pensar en esta dirección gobierno de transición que llame a Plebiscito, Constituyente, y una enérgica agenda social? Interesante perspectiva que se insinúa, pero, que se modifica velozmente -no sabemos aún con cuanta eficacia- el miércoles 13, cuando el conjunto de la clase política se auto convoca en el Congreso para acordar una salida: algo parecido a una Asamblea Constituyente (el cambio a la Constitución ya es consensual, de derecha a izquierda), sin embargo, hay que acordar “la forma”. Comienzan las operaciones políticas y lingüísticas y pareciera que la más novedosa es la idea de una “Convención”, una suerte Asamblea “mixta”, compuesta por parlamentarios y ciudadanos elegidos para tales fines. La clase política chilena pareciera demostrar, una vez más, su inagotable capacidad de auto- reconstrucción y auto-reproducción en el Estado.
Sin embargo, está por verse, si logra revertir la crisis de representación y su visible desprestigio. ¿La izquierda institucional se prestará para resolver la crisis “en las alturas”?
¿Es que, como nos han dicho más de una vez, no había otra alternativa? ¿O, es que tenían razón los jóvenes de la ACES, que indicaron al retirarse de “Unidad Social”, que la movilización del pueblo en las calles no se negocia?

¿Y, el pueblo, puede influir aún en una salida política?
He sostenido desde que se inició el estallido social chileno, que éste reunía características peculiares, carecía de un convocante central, de orgánicas o coordinaciones territoriales como en otras etapas de nuestra historia. Indiqué así mismo que ello implicaba un enorme desafío político, que suponía rápidos aprendizajes y alcanzar alguna forma de unidad social y política.
Tal vez, todavía es muy temprano para hacer un balance de los logros y límites de la movilización popular, que vuelvo a reiterar, desafía nuestras categorías y conceptos tradicionales para comprender la política chilena de hoy. Con todo, se pueden hacer algunas indicaciones:
1. Sin convocante central que señalara el rumbo y las consignas, de modo práctico se fue imponiendo un camino: movilización, Asambleas y cabildos por la base, y Asamblea Constituyente. Sin lugar a dudas que este es un gran logro en una “cultura política”, como la chilena, acostumbrada a la “conducción partidaria” o los grandes liderazgos. Es un avance, pero no exime al pueblo, de la necesidad de construir nuevas formas de coordinación (o de conducción colectiva) así como de liderazgos (también colectivos) que vayan fortaleciendo la unidad social y política del pueblo.
2. Un segundo gran logro del movimiento es que se generó un extendido consenso sobre la necesidad de un cambio constitucional. Esta no era la voluntad de la clase política chilena hasta antes del estallido social. Hoy forma parte de las conversaciones de la mayoría de los chilenos.

3. Los Cabildos y Asambleas territoriales han dado inicio a un “proceso constituyente” que ha ido produciendo acuerdos sobre los cambios irrenunciables que se requiere poner en marcha: fin de las AFP y mejora de las pensiones, recuperación de los “bienes comunes”, estado plurinacional, derechos sociales en salud, educación y vivienda, cambio de la legislación laboral, etc.
4. La movilización, en todas sus etapas, ha hecho evidente no solo las contradicciones (la desigualdad y el abuso) sino la distancia, el descrédito y la rabia de una mayoría de chilenos con las formas de política institucional y con la semi-democracia en que vivimos (o, la ¿dictadura constitucional burguesa?).
5. Independientemente de cuál sea la “salida” que se imponga, lo que aún está en juego, es la capacidad del pueblo para expandir el proceso de re politización, o sea, reconstruir y recuperar tradiciones políticas allí donde existieron, así como potenciar la nueva politización actualmente en curso, “cuyo contenido es ahondar en la conversación sobre los males que nos agobian y los bienes comunes a los que aspiramos a llegar”.5

El “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución” de la clase política chilena (Viernes 15 de noviembre)
Lo que el miércoles 13 se insinuaba avanzó, en tiempo récord, para que los noticieros de la televisión anunciaran, el jueves 14, que estábamos ad portas de un gran “acuerdo histórico” en el Congreso Nacional, para contener la crisis mediante un cambio constitucional.
Como se sabe, la madrugada del viernes 15, la clase política parlamentaria chilena, anunció un gran acuerdo por la Paz Social y una Nueva Constitución. Curiosa denominación, la de acuerdo por la paz, ya que era lo que había solicitado Sebastián Piñera en su última aparición pública. El acuerdo, básicamente afirma la voluntad de producir un cambio constitucional, con un plebiscito de entrada –en abril de 2020-; la elección de constituyentes en la elección municipal de octubre del mismo año; el funcionamiento de una “Convención” por 90 días prorrogable y un plebiscito ratificatorio, al final del proceso.
En el plebiscito de abril, la ciudadanía deberá pronunciarse por sí está de acuerdo en cambiar la Constitución que nos rige y sobre la forma en que este cambio se debe realizar. O, una Convención Mixta Constitucional (50% de constituyentes elegidos y 50% de parlamentarios actuales), o una Convención Constitucional, con todos sus miembros elegidos.

5 Agradezco al sociólogo Hugo Villela por este modo de concebir la actual politización desencadenada por el pueblo chileno. Lo que está en desarrollo es una nueva “polis tización”, en que las bases recuperaron su capacidad de acción política rechazando las formas impuestas por los políticos profesionales chilenos en el contexto de la transición a la democracia.

La mayor dificultad del “gran acuerdo” sin embargo se produjo al fijar los parlamentarios los quorum que los constituyentes deberán respetar para producir los cambios. Se deben reunir dos tercios de los votos, de tal modo que si un tercio más uno, se opone, el cambio no se aprueba. El problema fue que una primera opción de la derecha, fue sostener que en tal caso, se mantenía vigente lo dispuesto por la Constitución de 1980. Luego de arduas negociaciones, el acuerdo fue mantener los dos tercios, pero a partir de una hoja en blanco, o sea, sin hacer referencia la Constitución de 1980.

El gran acuerdo parlamentario representa, a mi juicio, tres grandes problemas fundamentales:
1.- Se trata de un acuerdo auto referido, “en las alturas” sin consulta ciudadana, que fija las formas y los tiempos del cambio constitucional.
Los actuales parlamentarios y dirigentes políticos chilenos producen un acuerdo de dudoso destino democrático, sin consultar ni escuchar a los ciudadanos movilizados por más de tres semanas. Ciudadanos y movimientos sociales que ya han iniciado -a través de Cabildos y Asambleas- un debate sobre la necesidad del cambio de la Constitución y sus principales enfoques y demandas. Se trata entonces de un acuerdo que acoge la voluntad ciudadana expresada en las calles por cambiar la Constitución, pero que fija “por sí y ante sí” los modos en que el cambio debe producirse. Esta conducta de los políticos chilenos refuerza y recrea lo que el movimiento ciudadano más ha rechazado de la actual “clase política”: trabajar para sí mismos, sin escuchar ni interactuar con la ciudadanía.
Si el pueblo pide Asamblea Constituyente, ¿Por qué llamarla “Convención Constituyente”?
¿Está implícito el temor al cambio y al ejercicio de la soberanía popular? Y los tiempos,
¿Por qué abril de 2020 para el plebiscito, octubre para la elección de Constituyentes etc., es decir casi un año para iniciar la Convención y otros tantos meses para deliberar, o sea, unos dos años para contar con una nueva Constitución? ¿Y las medidas sociales urgentes que reclama la sociedad –pensiones, salarios, remedios, el CAE- deberán esperar los trámites de proyectos de ley, que solo puede proponer el Ejecutivo? ¿O es que se requiere “tiempo político” para ajustar las piezas de la derecha y del gran empresariado, de cara a la nueva etapa que se ha iniciado en la política chilena? ¿A quiénes benefician los “tiempos” acordados por la clase política parlamentaria?
2.- Salvataje del gobierno de Piñera y del propio parlamento
El gran acuerdo político parlamentario se produce en un tiempo veloz, cuando el gobierno de Piñera mostraba su mayor debilidad, con el bloque en el poder fisurado, sin iniciativa política e insistiendo solo en la represión y una agenda social mínima. Muchos datos indicaban que el debilitamiento político del gobierno lo conducían al colapso y una importante mayoría de ciudadanos coreaba en las calles la necesidad de la renuncia de Piñera. Pero, en verdad, como admitían algunos parlamentarios, la crisis del gobierno arrastraría a la crisis del conjunto de la clase política, es decir al propio parlamento. Se requería en consecuencia una acción de “salvataje del gobierno” y también del propio parlamento (“uno para todos y todos para uno”).

El “gran acuerdo histórico” es en realidad un acto de recreación y reproducción de la clase política en el poder, para lo que nuestros políticos profesionales han mostrado históricamente gran oficio. Ejercer el poder con el pueblo a una debida distancia. Es la gran debilidad o, más claro aún, los déficits de una “cultura democrática” del que adolecen las elites chilenas, que una vez más se hace visible y manifiesta.

3.- Los vetos y el control: los dos tercios y la elección por listas (que todo cambie para que nada cambie)
En los procedimientos que fija el “gran acuerdo parlamentario” hay tres cuestiones claves que apuntan a la auto reproducción de la política tradicional chilena. En primer lugar, es sospechoso, que solo el plebiscito de salida sea con “voto obligatorio” mientras que el plebiscito de entrada se hará con “voto voluntario” (en la última elección municipal, la abstención alcanzó al 64% de los electores, y en la última presidencial al 52%). ¿Se busca de este modo influir en los eventuales resultados del plebiscito entrada? Por ejemplo, que la derecha, con más fidelidad de sus votantes, incline la balanza hacia la Convención Constitucional Mixta y de este modo, asegurar un mayor control sobre el cambio constitucional.

En segundo lugar, la cuestión de los dos tercios, más allá de que sea a partir de una “hoja en blanco” hace posible que la minoría se imponga sobre la mayoría (es curiosa la semejanza con el sistema binominal, que operaba con ese mismo principio y que hacía que la derecha con un tercio más uno de la votación, podía aspirar a controlar mitad de Congreso). ¿Por qué prescribir de antemano un quorum tan alto? Y si se impone el tercio (o sea, la minoría) sobre una temática importante de la Constitución ¿Qué permanece?

¿La ley preexistente? O, como se indica, una nueva ley que debe ser discutida por el Congreso Nacional.
En tercer lugar, la tercera “trampa” del acuerdo, es que los constituyentes se elegirán de acuerdo al actual sistema de elecciones, o sea por listas de coaliciones partidarias e independientes. ¿Pero, qué posibilidades tienen los independientes frente al poder de las actuales coaliciones políticas? La Convención mixta o toda elegida, ¿no recreará el actual sistema de representación y les dará a los partidos el control sobre la Convención?
En suma, el mayor riesgo del acuerdo parlamentario es que el proceso constituyente quede en manos de la misma clase política actual y que asistamos a una nueva operación de gatopardismo, que todo cambie para que nada cambie.

Las tareas y desafíos ciudadanos
No es posible predecir la capacidad de respuesta de los ciudadanos y movimientos sociales movilizados frente al “gran acuerdo parlamentario”. Algunos lo valoran como un avance, muchos desconfían y los más organizados han manifestado su rechazo, como Unidad Social que agrupa a gremios y movimientos. Desde el Frente Amplio, los quiebres ya se hicieron públicos, con la renuncia de Jorge Sharp, alcalde de Valparaíso y otros 72 militantes a Convergencia Social. En el tiempo próximo, habrá que tener en cuenta cómo evolucionan las reacciones al “acuerdo parlamentario”, tanto desde los firmantes, el gobierno y quienes lo critican o rechazan, amén de la manipulación obsesiva de la televisión y la prensa, que se profundizará en los próximos días. Estos serán datos relevantes a tener en cuenta en las futuras opciones de estrategia de los movimientos sociales.

Desde mi perspectiva, los ciudadanos movilizados y los movimientos sociales, junto a sus capacidades para mantener activa la movilización, insistiendo en las demandas sociales más urgentes, deberán enfrentar tres grandes desafíos en el campo del cambio constitucional:
1.- Continuar y fortalecer los procesos de politización de las bases de la sociedad.
La experiencia vivida ha hecho evidente que es necesario recrear la política, dotarla de nuevos contenidos ciudadanos y populares. El rechazo a la clase política no significa renunciar a la política, sino que al contrario implica favorecer la politización de las mayorías ciudadanas, muchas de las cuales “naturalizaron” el orden neoliberal y en el contexto del actual “estallido social” han despertado. Es el tiempo de dotar de contenidos compartidos ese “despertar”, para hacer emerger nuevos actores, nuevas formas y nuevos contenidos para la política nacional.
2.- Avanzar en el proceso constituyente, ya iniciado.
Desde el punto de vista de los ciudadanos movilizados y los movimientos sociales, el proceso constituyente encaminado a cambiar la actual Constitución Política del Estado ya se inició en los Cabildos y Asambleas Territoriales. Este proceso requiere expandirse e iniciar intercambios con otros vecinos, otras poblaciones, otros movimientos, para reconocerse en la diversidad y en la heterogeneidad convocando a las mujeres y hombres sencillos de nuestro pueblo. Coordinar estos esfuerzos es también parte del desafío para fortalecer la unidad social y política del pueblo.

3.- Hacia una Asamblea Constituyente de los movimientos sociales
Con independencia del “gran acuerdo parlamentario” los movimientos sociales pueden avanzar y generar las condiciones para realizar su propia Asamblea Constituyente, en que acuerden sus propios “principios constitucionales”, sus propios contenidos, sus propias propuestas de cambio social y político. Esta puede ser una manera de influir con más poder y unidad del pueblo en los cambios constitucionales que inevitablemente, “más temprano que tarde” se tendrán que realizar en el nuevo Chile que emergió con el estallido social de octubre de 2019.

Datología

Qué: Artículo “Estallido social en el Chile Neoliberal III: (Notas a tres semanas del estallido, en los días que se indican)”.

*Quién: Mario Garcés, Historiador y Director ECO, miembro consejo editorial LOM.

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